En una vista de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, el Departamento de Vivienda (DV) confirmó hoy, miércoles que no cuentan con un plan para atender los miles de paneles solares y baterías que entrarán en desuso una vez cumplan su vida útil.
Esta información salió a relucir como parte de la Resolución de la Cámara 243 que investiga la crisis provocada por la instalación, manejo y disposición de placas solares y baterías de almacenamiento de energía solar en Puerto Rico.
En la audiencia presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz compareció la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Energía, el Grupo CAMBIO y el DV.
‘’Respecto a este tema, lo denominamos como una crisis, y no tanto por la implementación de las placas solares, sino sobre qué pasa con sus materiales cuando cumplen su vida útil. De igual forma, que no hemos podido movernos con la rapidez esperada utilizando la energía renovable’’, expuso Torres Cruz.
De igual forma, en la vista se confirmó que el DV no ha introducido o requerido cláusulas para proteger a los recipientes de los fondos federales de irregularidades en los procesos de contratación o en cuanto a las garantías de la instalación y los equipos. Tampoco han requerido que el foro competente sea uno administrativo o judicial de Puerto Rico permitiendo cláusulas de mediación que pudieran obligar a los dueños de los sistemas a litigar en foros fuera de la Isla.
En tanto, el Departamento limitó la garantía requerida para los paneles a 10 años. Por su parte, la Lcda. Ruth López, directora de apelaciones y división legal del DV expuso que la primera ronda de solicitudes para el programa Nueva Energía, bajo los fondos de
recuperación CDBG-MIT, fue completada. Esta ayuda ofrece una asistencia de hasta $30,000 para la compra e instalación de placas solares y batería recargable.
‘’En esta primera ronda otorgamos alrededor de 3,000 boletos para personas con niveles de ingreso máximo de $11,700 para un hogar de una persona y hasta $22,000 para un hogar de ocho personas. Ya 1,000 solicitudes fueron procesadas y cada beneficiario se encuentra ahora en la etapa de la búsqueda de compañías’’, dijo López.
Por otro lado, López indicó en vista pública que cuentan con $18,285 millones aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para atender las necesidades provocadas por desastres declarados a través de los fondos de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario-Recuperación ante desastres (CDBG-DR).
‘’De esa cantidad, $10,000 millones son para la recuperación de la Isla a raíz de los daños y pérdidas generadas por los huracanes Irma y María a través de los fondos CDBG-DR. Mientras, los otros $8,285 millones son con los fondos CDBG-MIT’’, abundó López.
A preguntas del representante Torres Cruz sobre cómo se han utilizado los fondos, la funcionaria no pudo precisar la información solicitada ni supo explicar los criterios específicos para seleccionar a los recipientes.
Por otro lado, la ingeniera ambiental y presidenta de CAMBIO, Ingrid Vila Biaggi confirmó que luego de realizar un estudio junto con el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, encontraron que solo la empresa 5 Senses Solutions se dedica al acopio y exportación de paneles solares en los municipios de Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto.
En tanto, en la misma investigación, identificaron cinco compañías que acopian baterías de automóviles. Las empresas son: Batteries Plus, Interstate Batteries of Puerto Rico, Island Festival Recycling, Lamp Recycling Company y Best Buy.
De igual forma, Vila Biaggi expuso que, aunque muchos esfuerzos se dirigen al reciclaje de los paneles, se le debe dar prioridad a la reducción, reparación y remanufactura.
‘’Igualmente, más allá de eso, es crucial que el gobierno de Puerto Rico aproveche las capacidades de las universidades de la Isla para llevar a cabo investigación y desarrollo en el campo del reciclaje de sistemas fotovoltaicos con el fin de generar tecnologías competitivas’’, expresó Vila Biaggi.
‘’Este es un tema que hay que atender con urgencia. Mi llamado es a que se establezcan unos requisitos y obligaciones con los instaladores de las placas sobre cómo se van a disponer los materiales una vez estén en desuso porque si no se realiza esa acción desde el inicio, tendremos un problema grave de aquí a diez y quince años con millones de baterías y placas solares desechadas por todo Puerto Rico’’, agregó la Presidenta de CAMBIO.
Proveen datos AEE y NEPR
Asimismo, la comisionada asociada del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Sylvia Ugarte Araujo detalló que se encuentran conduciendo una investigación sobre el retraso en torno a la construcción de los 18 proyectos ya aprobados para el almacenamiento y distribución de energía fotovoltaica que tendrán una capacidad de hasta 844.8 MW, de los cuales entre cuatro a seis fueron retirados por la tardanza en su implementación.
El NEPR proveerá una lista de los proyectos renovables de gran escala y LUMA Energy proveerá información sobre la cantidad de generación distribuida que se ha conectado al sistema eléctrico.
Igualmente, la funcionaria informó que el volumen proyectado de módulos fotovoltaicos fuera de servicio en los Estados Unidos se estima que para el 2030 cubrirá alrededor de 3,000 estadios de fútbol americano y que la capacidad de generación solar en Estados Unidos aumente un promedio de 21% del 2023 al 2027.
‘’Esta Asamblea Legislativa podría considerar fomentar los esfuerzos de reciclaje y recuperación de recursos que pueden reducir los impactos ambientales negativos asociados con el ciclo de un módulo fotovoltaico’’, sugirió Ugarte Araujo.
Mientras, Fernando Gil, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE coincidió con Ugarte Araujo e informó que la Autoridad no ha realizado estudios sobre la disposición, desecho, reuso y reciclaje de paneles solares o celdas fotovoltaicas y baterías para sistemas
fotovoltaicos ni han redactado plan, programa o itinerario sobre este asunto.
‘’Entendemos que, dada la gran cantidad de celdas fotovoltaicas y baterías que los consumidores han estado adquiriendo durante los últimos años, cuyo aumento ha sido exponencial en los pasados 5 a 10 años, las entidades reguladoras como el Departamento de
Recursos Naturales, deben revisar sus normas y procedimientos para establecer reglas claras para el manejo y disposición de esos equipos en Puerto Rico’’, puntualizó Gil.
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