Los senadores William Villafañe Ramos y Gretchen Marie Hau presentaron hoy proyecto de ley con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de permisos y la actividad económica en Puerto Rico. La propuesta busca enmendar la Ley Núm. 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, e introducir disposiciones que permitan a las agencias mantener en vigor reglamentaciones impugnadas si dichas impugnaciones no se fundamentan en una violación sustancial a las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017.
La Ley Núm. 38-2017 fue creada con el propósito de brindar a la ciudadanía servicios públicos de alta calidad, eficiencia y prontitud, aplicando e interpretando las garantías básicas del debido procedimiento de ley. La enmienda propuesta incluye la regla del error no perjudicial, la cual permite que errores menores en la administración de procesos gubernamentales sean pasados por alto si no resultan en daño o perjuicio para las partes involucradas.
La propuesta también permite preservar el statu quo, evitando que se detenga la tramitación de permisos y reduciendo la carga sobre el sistema judicial. La enmienda también promueve la cooperación entre las agencias y las partes afectadas, permitiendo que trabajen juntas para corregir cualquier defecto procesal.
Villafañe Ramos, senador por acumulación, destacó la importancia de esta legislación para la continuidad de la actividad económica en Puerto Rico. "La adopción de la regla del error no perjudicial y la doctrina de remand without vacatur en nuestro sistema administrativo garantizará un proceso más justo y eficiente, evitando interrupciones innecesarias en las operaciones de las entidades reguladas y agilizando la corrección de errores menores en la reglamentación", afirmó.
Por su parte, Hau enfatizó la urgencia de abordar este tema y garantizar que las agencias gubernamentales y las partes afectadas puedan corregir los errores sin afectar negativamente el sistema regulatorio. "La adopción de esta enmienda es fundamental para mantener la estabilidad en el sistema regulatorio de Puerto Rico y garantizar que las partes involucradas puedan operar sin interrupciones mientras se subsanan errores no perjudiciales en el proceso de reglamentación. Esta iniciativa es esencial para la continuidad de la actividad económica en la isla y debe ser considerada con la máxima prioridad", finalizó la legisladora por el distrito de Guayama y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor.
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