Durante la Sesión Ordinaria de hoy, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 240 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que ordena al Departamento de Hacienda suspender por un periodo de 45 días el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” establecido en el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.
“La emergencia mundial que enfrentamos amerita la adopción de esta medida de suspensión de este impuesto temporeramente para poder mantener un control en el precio de la gasolina. La merma en ingresos de los impuestos suspendidos podrán ser compensados con recursos del sobrante de $800 millones en los ingresos que se ha anticipado para el presente año fiscal”, explicó Dalmau Santiago.
Por su parte, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, se expresó a favor de la pieza y expresó que “nosotros simpatizamos con la eliminación por 45 días de la crudita, pero es una medida insuficiente porque necesitamos una reconstrucción de todo nuestro sistema contributivo. Como medida de emergencia estamos a favor de esta medida”.
Asimismo, el senador independiente José Vargas Vidos dijo que “voy a votar por esta medida a favor y considero que todos debemos votar a favor. Pero la medida se queda pequeña en proporción … un impuesto que ya no es una obligación para los bonistas, es una contradicción que estemos hablando de cuarenta y cinco (45) días. Por lo que sabemos y se anticipa que no es un asunto privado que la crisis que nos aqueja no solamente va a seguir, sino que el aumento irá por encima de la capacidad que puedan tener los que más se perjudican que es la clase trabajadora”. También, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, manifestó su voto a favor de la medida.
Por otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 299 de la senadora Migdalia González Arroyo, el cual busca enmendar el “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del gobierno por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente.
Asimismo, dispone que el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, tendrá el deber de reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código por dichos actos, así como el sustentar por escrito los fundamentos específicos para la determinación de radicar o no dicha acción. González señaló que la corrupción gubernamental es un mal social que afecta a todos los países del mundo.
“Aquí en Puerto Rico el abuso de poder… ha ocasionado pérdidas de fondos públicos que han provocado que los servicios que se le brindan a nuestros ciudadanos se vean afectados. Personalmente creo que la corrupción es un asunto que va a la fibra del ser humano, sin embargo, es nuestra obligación revisar la legislación vigente para mejorar la intención. legislativa. La presente medida trata de aclarar y eliminar lo que podría ser una interpretación errónea de lo que es la intención legislativa”, abundó la también senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla.
También, se le dio paso al Proyecto del Senado 357, del senador Ramón Ruíz Nieves, para enmendar la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA”, para prohibir el beneficio económico de la contratación gubernamental a favor de personas que hayan declarado o admitido bajo juramento que han cometido delitos contra la integridad pública, de malversación de fondos públicos.
La senadora Rodríguez Veve manifestó que este proyecto constituye un paso adicional para combatir los diferentes casos de corrupción. “Este proyecto establece que, si durante la vigencia de un contrato la parte contratada por el gobierno es encontrada culpable o se le ha otorgado inmunidad, el contrato será cancelado de inmediato ni podrá volver a tener contratos con el gobierno. Y la persona tendrá que devolver lo robado con sus bienes presentes y sus bienes futuros... No hay duda de que este proyecto contará con todo mi apoyo. El tiempo de las excusas terminó”, sostuvo la legisladora.
De igual manera, fue aprobada la Resolución Concurrente del Senado 25, de la senadora Rosamar Trujillo Plumey, para expresarle a la Junta de Supervisión Fiscal que la Asamblea Legislativa no aprobará legislación que viabilice las reformas propuestas en los Planes Fiscales Certificados para la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), con relación a su estructura de gobernanza que no cuente con un análisis que sustente la necesidad y conveniencia de la propuesta.
“Esta Resolución es para dejar una expresión clara de la Asamblea Legislativa sobre los asuntos propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal que han sido de cuestionamientos para las cooperativas. Cooperativas que no dependen de los fondos del Gobierno de Puerto Rico, que no poseen deudas ni ameritan reestructuración… no se entiende o sostiene la intervención de la Junta sobre COSSEC. De igual manera, las reformas propuestas tienen como consecuencia implantar políticas públicas por personas que desconocen su estructura (de las cooperativas) por esa razón los exhorto a avalar esta medida”, dijo en un turno la senadora Trujillo Plumey.
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