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Senado aprueba medida para investigar dilación en desembolso de fondos para agricultores tras paso d


El Senado de Puerto Rico aprobó una medida para investigar los motivos por los que los agricultores aún no han recibido las ayudas correspondientes por los daños ocasionados a sus cosechas y negocios agrícolas tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico.


La Resolución del Senado 742, que fue presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el senador Ramón Ruiz Nieves, establece que “el Departamento de Agricultura estimó que el fenómeno dejó daños que suman, aproximadamente, cerca de $100 millones en el sector agrícola al arrasar con plantíos de plátanos, guineos y otros cultivos. También, se perdieron tractores, fertilizantes, pesticidas y otros materiales necesarios usados en la agricultura”.


Por otro lado, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 1066, del senador Ramón Ruiz Nieves, que busca enmendar la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”. La pieza legislativa propone establecer un tope de 10 por ciento sobre el monto original del contrato en las órdenes de cambio al mismo, incluyendo a las agencias exentas de la Ley, así como establecer específicamente las excepciones a dicha limitación cuando se certifique de manera juramentada el examen y cumplimiento de las condiciones antes dispuestas por el Administrador y se acompañe la solicitud, bajo juramento, detallada del jefe de la entidad o autoridad nominada.


“Debemos garantizar el uso eficiente de los fondos públicos en la contratación del Gobierno, particularmente en los contratos para obras de construcción, que se alega que a través del mecanismo de órdenes de cambio aumentan de forma desproporcional el costo proyectado en el contrato original”, reza la medida.


Además, se aprobó el Proyecto del Senado 842 para enmendar la “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico” a los fines de agilizar el proceso para autorizar la donación del cuerpo o parte del cuerpo de un finado por sus familiares; otorgarle mayor estabilidad al Registro de Donantes, y para otros fines relacionados.


“Esta ley se promulgó con el fin de autorizar y reglamentar la donación y disposición de cadáveres, para fines educativos y


de investigación en áreas relacionadas a la salud y la donación de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de personas vivas a utilizarse para trasplantes clínicos, según lee la exposición de motivos”, expresa la medida de la autoría de los senadores Marissa Jiménez Santoni y Rubén Soto Rivera.


Asimismo, se expone que el motivo de estas enmiendas es puntualizar el orden de quiénes serán los familiares llamados a consentir a la donación de un cuerpo, órganos y/o tejidos de una persona que no haya expresado su deseo de ser donante por uno de los mecanismos contemplados en esta ley.


Por otro lado, se avaló el Proyecto del Senado 864, presentado, por petición, por el senador novoprogresista, Gregorio Matías Rosario, para enmendar la “Ley de Verificación de Credenciales e Historial delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud” y la “Ley de Gobierno Electrónico” con el fin de garantizar que la certificación otorgada por virtud de la Ley 300-1999, según enmendada, cumpla con las disposiciones de la Ley 151-2004, según enmendada, para que la expendición de la certificación de forma electrónica sea rápida y ágil.


“Esto se debe hacer de manera digital para adelantar los procesos porque hay personas que requieren de este certificado para comenzar a laborar de manera inmediata. Estamos haciendo lo necesario para añadirle beneficios a los policías. Tenemos que buscar alternativas para el pueblo porque hay personas esperando citas de dos y tres semanas para esperar por la certificación de esta ley y no logran comenzar a ejercer”, comentó el senador novoprogresista Matías Rosario en un turno sobre la medida.


También, se aprobó el Proyecto del Senado 1003, de la autoría del presidente del Senado, que propone enmender la “Ley de la Junta Examinadora de Médicos Podiatras”, a los fines de expedir una licencia temporera a los médicos podiatras matriculados en un programa de residencia postgrado en Puerto Rico para que estos puedan ejercer la profesión en nuestro país.


Durante la Sesión Ordinaria, también se aprobaron las Resoluciones del Senado 163, 739 y 749.

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