El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ricardo Dalmau advirtió que el proyecto de ley que crearía una reforma universitaria para dotar a la institución de herramientas que garanticen su autonomía podría poner en riesgo la acreditación de la institución.
“De aprobarse esta medida, implicaría un cambio legal, ya que si no se siguieran las indicaciones establecidas por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) sobre cambio sustancial, podría dar lugar a unas consecuencias”, planteó el Presidente, quien dijo además que el proyecto en discusión pone en peligro el cumplimiento de acreditación de la Middles States.
El Proyecto de la Cámara 1314, de la autoría del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, fue radicado por petición de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria para derogar la ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico (UPR), según enmendada.
Dalmau resaltó ante la Comisión de Educación, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo, que el PC1314 deberá tomar en consideración cualquier cambio sustancial al sistema universitario que se rija por las políticas y procedimientos que establece la Middle States para las instituciones acreditadas por dicho organismo.
A su vez, resaltó que la Comisión Multisectorial no fue convocada por la Junta de Gobierno en cuanto a la Ley de la UPR como una función de la Junta.
“Nos resulta meritorio reconocer que el proceso de su elaboración fue discutido en distintos foros de gobernanza institucional, como los Senados Académicos, Consejos Generales de Estudiantes y otros foros multisectoriales”, expresó Dalmau.
“Debido a que no fue un proceso iniciado por el cuerpo rector, nos vemos limitados de poder certificar que toda la comunidad universitaria fue consultada y que la propuesta que contiene el proyecto de ley sea uno de consenso”, agregó.
“¿Entiende usted que esta medida es inconsistente con el Plan Fiscal?”, preguntó la legisladora Soto Arroyo.
“El enfoque principal que se le da a la medida es con el Middles States y nos parece que hay unas áreas de alteración de facultades que no son las que establece la asociación (MSCHE). Con el plan fiscal, pasaría a ser una medida inconsistente”, replicó el presidente.
De este modo, Dalmau solicitó que se analice el presupuesto de la UPR. “La institución no aguanta un recorte más. La UPR necesita adición de fondos”, reclamó.
Dalmau enfatizó que la UPR ha rechazado los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal y ha promovido tanto la restitución de la fórmula de la Ley 2-1966 (Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico) como la declaración de la UPR como un servicio esencial.
Respecto a la reestructuración de la deuda que tiene la UPR, el presidente de la Junta de Gobierno aseguró que “nunca se ha dejado de pagar”.
Universitarios abogan para que se declare la UPR como ‘servicio esencial’
El Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho (CEED) avala el PC 1314, sin embargo, expresó que la pieza legislativa debe de ser evaluada por la Middle States.
“Esta medida debe de ser evaluada por la Middle States, pero tal procedimiento no debe de ser un impedimento para que continúe el proceso legislativo ordinario, ya que es irracional el supuesto de que una agencia acreditadora deba insertarse en el proceso para evaluar cada enmienda propuesta”, sostuvo Ángel A. Rodríguez Ramírez, estudiante de Derecho.
Asimismo, Rodríguez Ramírez enfatizó que la UPR debe ser declarada un servicio esencial en el ordenamiento jurídico.
De manera similar, el presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR de Ponce, Edward J. Maldonado Rosa solicitó a la Comisión cameral avalar el proyecto de ley y que tomen en cuenta que la institución necesita una transformación.
“La UPR necesita urgentemente una transformación dentro de nuestra gobernanza interna para que se pueda atemperar a los nuevos tiempos. Asimismo, la UPR debe de ser reconocida como un servicio esencial, ya que haciendo esto, tenemos seguridad de que la JSF no va a seguir recortando nuestro presupuesto y podemos comenzar el proceso de reducción de costo de créditos y cuotas”, manifestó Maldonado Rosa.
De su parte, la profesora de la UPR de Arecibo, Martha Quiñonez Domíguez sostuvo la importancia de fortalecer la universidad para que tenga autonomía fiscal y real, con un presupuesto robusto.
“El país necesita una universidad fuerte para salir de la crisis fiscal y social que estamos enfrentando, alineados con las políticas públicas del Gobierno y poder mantener los servicios a las poblaciones cada vez más marginadas social y económicamente”, destacó la también catedrática de la UPR.
Para añadir a sus planteamientos, Quiñonez Rodríguez explicó que la UPR es un servicio esencial porque da más allá de servicios educativos.
“Nuestra universidad ofrece servicios de salud, ofrece servicios para personas médicos indigentes, atención especializada a pacientes participantes del plan de salud gubernamental, así como para personas sin plan de salud. En fin, la UPR es la comunidad y la comunidad es la UPR”, apuntó.
Cabe destacar que durante las pasadas vistas públicas sobre esta pieza legislativa han comparecido el presidente de la UPR, la Coalición para la Reforma Universitaria, el Consejo General de Estudiantes y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
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