En el segundo día de vistas públicas que atienden la regulación de los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, organizaciones comunitarias y ciudadanos relataron a la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes los efectos negativos que han vivido por el aumento acelerado de esta industria en zonas residenciales.
El Proyecto de la Cámara 1557, de la autoría del representante José Rivera Madera, busca crear una ley para reglamentar y fiscalizar los arrendamientos a corto plazo en la isla. La medida ha recibido opiniones encontradas, mientras organizaciones como Mujeres de Islas, que sirve a la isla municipio de Culebra, señalaron que la legislación no atiende muchas de las preocupaciones principales que han presentado grupos comunitarios y asociaciones de vecinos.
La portavoz de la entidad, Nathania Martínez González, destacó que el proyecto debería incluir, principalmente, un proceso de recolección de datos; un estudio de impacto para medir los efectos del arrendamiento a corto plazo en las comunidades; medidas para proteger la vivienda asequible en las comunidades y zonas residenciales; y mayores provisiones para la participación ciudadana en el proceso regulatorio.
Además, determinó que la ley debería establecer procesos eficaces para ejecutar las regulaciones de alquileres a corto plazo, que podría incluir la creación de un organismo especializado encargado del cumplimiento y la fiscalización.
“Con esto dejamos decir que aprobar una ley no será suficiente para asegurar que mantengamos en balance una economía saludable con bienestar social y ambiental para todos, no para pocos”, expresó Martínez González.“(El proyecto de ley) se queda corto ante la aspiración de producir política pública comprensiva en la regulación de los arrendamientos a corto plazo en el archipiélago”.
La líder comunitaria, quien reside en Culebra hace dos años, enfatizó en la necesidad de que las regulaciones incluyan una asignación de recursos recurrentes -tanto económicos como humanos- para la fiscalización verdadera de los alquileres a corto plazo. La pieza legislativa responsabiliza mayormente a los municipios y ciudadanos como instrumentos de fiscalización.
“El proyecto de ley no brinda mecanismo de respaldo o de recaudo para sostener actividades de fiscalización, las cuales podríamos proyectar que no se llevarán a cabo sin una asignación de recursos e infraestructura adecuada”, indicó.
Martínez González relató que, actualmente, en la Playa Flamenco existe una vivienda supuestamente construida ilegalmente en la zona marítimo terrestre y que fue comprada desde el Municipio de Culebra. Según la integrante de Mujeres de Isla, el alcalde de Culebra preside la Autoridad de Conservación y Desarrollo, entidad que aprueba cualquier permiso de construcción en la isla municipio.
“En Culebra hemos presenciado también el aumento en violaciones ambientales e invasiones en las zonas marítimo-terrestres relacionadas directamente a la transición de propiedades originalmente destinadas a vivienda a mediano y largo plazo hacia negocios turísticos a través de alquileres a corto plazo”, afirmó.
Por su parte, la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional (Ancodepo) rechazó la legislación y denunció su oposición a que se legalicen o permita de cualquier forma el establecimiento de negocios de alquileres a corto plazo en zonas residenciales. El portavoz de la organización, Miguel Reyes De Jesus, afirmó que esta actividad es fuente de desplazamiento y desintegración comunitaria.
“Es fundamental para un país como el nuestro, donde la inseguridad en todos los niveles de nuestra vida es el pan nuestro de cada día, que haya un lugar al que las personas, ya sean solas o con familia, puedan llamar hogar y a su entorno comunidad”, declaró Reyes De Jesús.
“El desplazamiento poblacional en nuestro archipiélago es una realidad innegable y la Ley 60 ha venido a acelerar este proceso. Ahora los Airbnbs y otras plataformas están haciendo su agosto con los alquileres a corto plazo, continuando con el desplazamiento de nuestra población”, subrayó.
La ciudadana Yasmín Martínez Buitrago, propietaria de un apartamento en el condominio Sandy Hills en Luquillo desde la década de 1970, se unió a las expresiones de Ancodepo al asegurar que los alquileres a corto plazo han alterado de manera drástica la forma de vida, rutina y modo de convivencia en las zonas residenciales.
Según Martínez Buitrago, el condominio cuenta con 296 unidades residenciales, de las cuales ya se conocen al menos 100 que se alquilan a corto plazo. La ciudadana detalló una veintena de situaciones que ha presenciado como consecuencia de esta actividad.
Entre ellas, aseguró que ha incrementado en un 23% las cuotas de mantenimiento por los costos aumentados que asume el condominio; se ha sometido a los residentes a dos derramas en un periodo de nueve meses, siendo una de ellas de $1,500,000 para la reparación de elevadores dañados constantemente por el sobreuso; y han aumentado las confrontaciones y eventos de violencia dentro del complejo, entre otros sucesos.
“La proliferación no fiscalizada de las hospederías alternativas como lo son los alquileres a corto plazo en condominios residenciales nos está haciendo mucho daño. Un daño profundo comunitario, ambiental, social, cultural, económico, emocional y moral está ocurriendo en Puerto Rico y somos muchos los afectados”, aseveró.
Entre las múltiples recomendaciones que emitió la ciudadana se encuentra aumentar el “room tax” de Puerto Rico a un 10% y que la persona que desea registrarse como hostelera pague anualmente un registro de $500 a la Compañía de Turismo, de los cuales $200 sean destinados al municipio. El pago de ese registro como hostelero debe ser por unidad utilizada.
Asimismo, sugirió que se prohíba que un dueño alquile a largo plazo y el inquilino subalquile la propiedad como arrendamiento a corto plazo. De violar esta reglamentación, recomendó implementar una multa de $1,000 como primera infracción; $5,000 por una segunda infracción; y la pérdida de registro como hostelero a la tercera infracción.
Defienden los alquileres a corto plazo
Por otro lado, el ciudadano Rafael Martínez resaltó la importancia de los alquileres a corto plazo para la economía de Puerto Rico, por lo que se opuso a las diversas limitaciones que propone la medida cameral.
Martínez, quien es operador de alquileres a corto plazo en el Viejo San Juan y la zona de Isla Verde, propuso que se elimine del proyecto de ley toda referencia a limitar al 33% de una residencia el área para alquilar a corto plazo.
“Si se añaden cargos onerosos o se restringen indebidamente los alquileres a corto plazo, lo cual sería la consecuencia de la cláusula del Proyecto de la Cámara 1557 limitándolos al 33% de una residencia, nos veremos obligados a abandonar esta actividad”, dijo Martínez.
“No tiene sentido limitar esta actividad que impulsa nuestra economía y es el mecanismo que mejor distribuye los beneficios del turismo entre todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”, abundó. Martínez señaló que las plataformas de alquiler a corto plazo han incentivado, entre otros factores, que se arreglen y remodelen muchos edificios descuidados en la isla.
Además, recalcó que muchos de los arrendadores a corto plazo son puertorriqueños y puertorriqueñas retiradas y que ahora, por sus edades o ingreso fijo, no pueden disfrutar de sus propiedades. Usualmente, la propiedad sometida a alquiler a corto plazo es una fuente de ingreso importante que les permite pagar la hipoteca que aún tengan o enfrentar el aumento en el costo de vida, indicó Martínez.
“Yo no creo en la restricción total de este asunto. Yo quiero que sea un ‘fair play’; que se pague lo que se tiene que pagar; que se restituya la actividad económica como tiene que ser; que todas las comunidades estén claras con el asunto y que no tengan problemas de desplazamientos que se están dando en algunos lugares”, indicó el representante Rivera Madera. “Lo que queremos es tratar de llegar a un acuerdo que regule esto de una vez y por todas”, afirmó.
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