La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) es responsable de certificar los planes fiscales para la isla, así como de reestructurar la deuda, aprobar presupuestos y contratos gubernamentales, financiar servicios públicos esenciales y revisar legislaciones para el cumplimiento fiscal. Desafortunadamente, la falta de políticas necesarias de conflicto de intereses ha resultado en que compañías, como McKinsey & Company, puedan beneficiarse de ambas partes al asesorar a la JSAF de Puerto Rico y también al organismo beneficiario, al mismo tiempo.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Rick Scott (R-FL) presentaron la Ley de Integridad de la Junta de Administración y Supervisión Financiera para prohibir que cualquier firma de asesoría o consultoría de terceros asesore a la JSAF de la isla durante el período en que la firma también le esté brindando servicios de consultoría a un cliente que está compitiendo o realizando un contrato que es adjudicado por el gobierno de Puerto Rico y que está bajo la supervisión de la JSAF para revisión y aprobación.
“La corrupción gubernamental y la mala supervisión fiscal están perjudicando al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que empresas como McKinsey exploten esta situación. Esto es algo de sentido común: ninguna empresa debería poder asesorar a la junta de administración y supervisión financiera de la isla mientras activamente asesoran a los mismos clientes que se beneficiarán monetariamente de la concesión de grandes contratos por parte del gobierno de Puerto Rico”. – Senador Rubio
“La Ley de Integridad de la Junta de Supervisión y Administración Financiera ayudará a mejorar la transparencia y responsabilidad de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. Estoy orgulloso de unirme al Senador Rubio y a nuestros colegas en la Cámara de Representantes mientras luchamos por un futuro mejor y más próspero para Puerto Rico y una mayor supervisión del dinero de los contribuyentes”.– Senador Rick Scott
Los representantes Jenniffer González Colón, Darren Soto y Ritchie Torres presentaron legislación complementaria en la Cámara de Representantes: H.R. 1702
“Al igual que hicimos en el último Congreso con la legislación PRRADA, seguimos buscando una mayor transparencia y confianza en el trabajo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Si Puerto Rico se va a someter a este proceso, necesitamos estar seguros de que las decisiones que tome la Junta y el asesoramiento que se brinde a sus miembros esté dirigido al mejor interés del pueblo de Puerto Rico y de una resolución justa a la liquidación de deudas, para lo cual es importante saber que los consultores que asesoran a la Junta si un contrato del gobierno cumple con el plan fiscal, no son los mismos que tenían como cliente al contratista cuando redactaban su propuesta o negociaban el contrato”.– Congresista González Colón
“Debemos asegurarnos de que las decisiones que tome la Junta de Supervisión y Administración Financiera sean en el mejor interés de Puerto Rico y no estén influenciadas por intereses externos. También es nuestra responsabilidad velar por la integridad y transparencia de las instituciones gubernamentales, incluida la junta. Esta ley es un paso importante para lograr estos objetivos al prohibir que las firmas consultoras o asesoras de terceros tengan conflictos de intereses al asesorar a la junta. Este proyecto de ley es una medida necesaria para asegurar la integridad de nuestro gobierno y proteger los intereses de nuestros hermanos y hermanas en la isla.”– Congresista Darren Soto
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