Legisladores responden a las detenciones de ICE a personas documentadas en Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. – Pablo José Hernández Rivera, Comisionado Residente de Puerto Rico y miembro del Comité de Seguridad Interna de la Cámara federal, y el congresista Adriano Espaillat (N.Y.), presidente del Caucus Hispano del Congreso, exigieron respuestas a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre recientes incidentes reportados de detenciones erróneas realizadas por agentes de ICE en Puerto Rico y en Nueva Jersey.

“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación con respecto a recientes operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey y Puerto Rico. Informes de los medios en ambas regiones destacan acciones imprudentes de agentes de ICE, que han causado un impacto considerable en las comunidades. Estas acciones han sembrado alarmantemente miedo entre los residentes, interrumpido negocios y generado serias preocupaciones sobre el comportamiento de las agencias federales y la preservación de los derechos al debido proceso”, escribieron Hernández y Espaillat.

Durante el fin de semana, múltiples medios informaron que agentes de ICE detuvieron al menos a tres personas de origen dominicano en el área de Barrio Obrero en Santurce, San Juan, Puerto Rico. Según reportes, testigos presenciales observaron a los agentes cuestionar a personas en vecindarios con una significativa población dominicana para verificar su estatus migratorio. En un incidente separado, el 23 de enero, agentes de ICE allanaron un pequeño negocio en Newark, Nueva Jersey, y detuvieron a un veterano militar puertorriqueño sin una orden judicial, incluso después de que este mostrara una identificación válida de veterano a las autoridades.

Hernández y Espaillat enfatizaron que estas acciones no solo plantean preocupaciones sobre derechos fundamentales, sino que también siembran miedo y desconfianza en las comunidades. Los legisladores están exigiendo respuestas sobre la justificación legal y procedimental de estas operaciones y están instando al DHS a investigar la conducta de sus agentes.