Por Lcdo. Ariel Nazario, ex secretario PPD y ex comisionado electoral PPD
Hoy el PPD celebra el proceso alterno para la selección del sustituto de la renunciante y representante a la Cámara por el distrito representativo que incluye los precintos de Cayey-Cidra, la licenciada Gretchen Hau; quien renunció al Senado para sustituir al fenecido legislador por dicho distrito representativo, José Aníbal Díaz Collazo (QEPD). ¿Las razones para dicha movida? Dicen que son puras aspiraciones personales y de un núcleo de liderato local liderado por el hoy alcalde de Cayey y exrepresentante Rolando Ortiz, de mantener o extender el dominio absoluto de su facción dentro del PPD y en el municipio. Pero esos son meros “rumores” políticos.
Al proceso - que iba desbocado hacia un absoluto fracaso, al punto que en un acto de frustración la comisión calificadora del partido no tuvo otra sino permitir sin más evaluación, que todo aspirante cualificara, se remedió o al menos, - se le dio orden, gracias a la oportuna intervención del nuevo presidente. En una movida dirigida a conjurar el daño irreparable de un proceso de selección atropellado, el recién electo presidente del PPD ordenó la suspensión del proceso y con el aval del cuerpo directivo, reorganizó el mismo, le dio el máximo de formalidad posible ante una realidad donde las exigencias del balance o desbalance político obligan a sacrificar la máxima democrática para acelerar la “necesitada” designación de un sustituto. Es la única manera de garantizar que el PPD mantiene su bloque de 12 votos íntegros. Y ni hablar de las implicaciones para el PPD y el Distrito Senatorial de Guayama que toda la responsabilidad representative distrital, recayera sobre el segundo senador de dicho distrito. Las implicaciones de tal realidad es un asunto de la incumbencia de los electores populares de dicho distrito senatorial.
Durante este segundo proceso se descalificaron dos aspirantes. Dicho sea de paso y curiosamente, una de las aspirantes fue descalificado@ hace unos años por el que suscribe. El otro fue el exsenador y comisionado electoral Eder Ortiz; descalificación predicada en el hecho de no cumplir con los requisitos de residencia, un fantasma que persigue al exlegislador hace ya mucho tiempo.
Mucho ha sorprendido la retórica desarrollada alrededor de tal descalificación. Escuché como algun@s analistas, con el silencio condonante del aspirante, pusieron en tela de juicio la reputación de exjueces, abogados, contables públicos autorizados, entre otros, que forman parte del organismo, con algun@s de los cuáles tuve el privilegio de trabajar entre 2018-2020. Obviamente, hubiese sido preferible escuchar una discusión sobre la descalificación ya no en términos de partido o con elucubraciones sobre la “democracia”, sino en términos de la Constitución. Debo afirmar que la decisión del Secretario General acogiendo la recomendación del ente calificador, es jurídicamente hablando, una joya.
La discusión también pudo girar sobre unos aspectos por todos conocidos, pero que hubiese requerido prácticamente un juicio político cuya prolongación no favorece la pronta solución del problema producto del desbalance político; proceso que much@s rechazan no sólo por su complejidad sino por sus implicaciones políticas. Sí, el juicio político tiene consecuencias - buenas o malas - para las aspiraciones electorales del aspirante y el partido. En ocasiones el juicio político provoca que se tenga que descalificar a quién tod@s claman es el o la favorit@, invitando – a cambio del capital político - a renunciar a la transparencia que persigue – pues no hay otra razón lógica para su creación – una comisión responsable de asegurarse que tod@ aspirante no sólo cumple con requisitos de ley, sino que se logra plena conciencia de todo lo que determinada candidatura bajo la insignia representa para el colectivo, como lo puede ser y ha sido, aspirantes con problemas de reputación en su familia tales como abuso, incapacidad de proveer como corresponde; historial de “arrogancia” contributiva, e incluso, sobre conducta pasada o presente de un@ aspirante que implique relaciones contrarias a los mejores intereses de un partido serio, comprometido con el pueblo. ¿Tiene un partido derecho a exigirle explicaciones a un@ candidat@ sobre estos u otros asuntos que influyen sobre la capacidad de una persona de ser elect@ y que estarán presentes en toda tribuna dónde esté es@ candidat@? ¿Tiene la militancia popular derecho a saber los detalles de la relación conocida de un@ aspirante con convict@s por corrupción? ¿Tiene el partido derecho a saber por qué un@ aspirante le debe a “cada santo una misa”? ¿Tiene el partido y su militancia derecho a preguntarse por qué un@ aspirante pretende una candidatura para la cual ha sido derrotad@ en eventos electorales anteriores, a veces en más de una ocasión?
La comisión calificadora no es o pretende ser, la conciencia del PPD. Pero tampoco no deja de ser un filtro necesario, un detector de mentiras, una alarma; el “refréscame la memoria” de los que pretenden pasar por la vida sin rendir cuenta o tan siquiera imaginarse el daño que sus pretensiones han hecho y harán a la comunidad, al país y al PPD." "En ocasiones, basta una sola mentira para poner en duda todas las verdades. Es ahí cuando lo perdemos todo, ahí cuando se desvanece nuestra integridad, nuestra valía”.
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