La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología inició hoy, jueves, el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 1648 que limitaría la cantidad de municiones que se vende anualmente a personas con licencias de armas o caza deportiva y practicantes bonafide del deporte de tiro al blanco.
De ser aprobada la medida de la autoría de los representantes José Bernardo Márquez, Juan José Santiago y Carlos “Johnny” Méndez se establecería un tope de 500 municiones por cada arma que el individuo tenga licencia para poseer, mientras que en el caso de los cazadores y los practicantes del tiro al blanco, el límite anual por pistola aumentaría a 5,000.
Actualmente, la Ley 168-2019, conocida como "Ley de Armas de 2020’’ dispone que no hay un tope para la cantidad de municiones que una persona con licencia de armas puede comprar y, no es hasta que la compra asciende a 20,000 en un año que la Policía podrá corroborar el uso de las municiones.
Durante la vista, el teniente Johnny Acevedo, director de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía, apoyó la enmienda propuesta en la medida, ya que en la mayoría de los asesinatos y robos que se cometen en la Isla, los criminales han utilizado armas de fuego. ‘’La adquisición de miles de municiones en un año, no resulta razonable’’.
Igualmente, Acevedo favoreció establecer un límite a la compra de municiones a las personas que se dedican al deporte de tiro al blanco a un tope de 10,000 y no de 5,000 como dispone la enmienda del estatuto.
En tanto, Acevedo confirmó que más de 26 millones de municiones se vendieron en Puerto Rico en 2002. ‘’Durante el 2023, la cifra se encuentra en 8.5 millones’’.
Por su parte, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez expresó su rechazo hacia el PC 1648 por considerarlo inconstitucional.
‘’El problema del alza de la criminalidad no está en las municiones y armas legalmente adquiridas. El problema reside cómodamente en otros aspectos que, en efecto, se pueden legislar’’, expresó Torres Meléndez.
‘’Pretender enmendar una ley de armas que está cobijada bajo un derecho constitucional por el solo hecho o alegación de que unas personas han violado la ley es simplemente inaceptable. De seguro, semejante enmienda no se sostendría en los tribunales’’, agregó.
Torres Meléndez pidió que no se legisle más para privar de derechos a las personas e instó a las autoridades a atacar el tráfico ilegal de armas y municiones “en vez de legislar contra los que cumplen a cabalidad con las leyes y el orden establecido”.
Por otro lado, la Lcda. Elba Cruz del Departamento de Justicia (DJ), destacó que ‘’no cabe duda de que el derecho a poseer y portar armas es uno fundamental y que su reglamentación en Puerto Rico tiene un arraigo histórico. De igual forma, exponemos que la postura del Departamento es asegurar el cumplimiento de la ley en la sociedad y procesar a aquellos que incurran en violaciones delictivos’’.
De igual forma, Cruz precisó que no observan impedimento legal en que se disminuya la cantidad de 20,000 a 5,000 municiones para que los armeros notifiquen de la adquisición a la Oficina de Licencia de Armas.
Sin embargo, Cruz levantó bandera con que la limitación de la cantidad de municiones que puede comprar una persona con licencia de armas se tiene que analizar bajo el crisol de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Asimismo, Rafael Freytes, comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), resaltó que limitar la cantidad de municiones que una persona pueda adquirir no es la solución adecuada para el problema de la venta ilegal de municiones. ‘’En lugar de limitar, proponemos eliminar la restricción que tiene el Negociado de la Policía para poder revisar el uso de dichas municiones. Esta medida permitiría a la policía atacar de manera más efectiva el problema de la venta ilegal de municiones en la Isla’’.
‘’Más allá de limitar la cantidad de municiones, es importante darle amplitud a la Policía para que pueda investigar. Tiene muchas restricciones, de la Constitución, de las leyes. Pero en materia de armas y municiones, esto debe ser tratado como un negocio altamente regulado”, abundó Freytes.
Finalmente, Diego Zabala del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico detalló que de acuerdo con el Institute of Health Metrics and Evaluation, en el 2019, la incidencia del uso de armas de fuego en los homicidios ubica a la Isla como el país de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de homicidios por armas de fuego en hombres y en tercer lugar en mujeres.
‘’La proporción de víctimas de homicidio por armas de fuego en el grupo de edad de 10 a 39 años es alarmante. Durante el periodo de los años 2000 al 2020, el promedio anual para los hombres fue de 84.0% y 73.7% en mujeres’’, dijo Zabala.
‘’Asimismo, una característica importante de los homicidios en Puerto Rico es que la mayoría de las víctimas de homicidios no completó una educación superior a la escuela secundaria. Estos niveles básicos de educación constituyeron el 76.1% de todas las víctimas de homicidios en el 2019’’, añadió.
El funcionario expuso que entre 2010 y 2021 se han vendido en el país 166,263,754 municiones en Puerto Rico, por $41.5 millones.
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