La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María S. Conte Miller defendió hoy, miércoles, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto la solicitud de un presupuesto ascendente a $25 millones de cara al nuevo año fiscal 2023-2024.
La solicitud presupuestaria del ICF representa una diferencia de $6 millones en comparación con la partida recomendada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la entidad.
“Aunque nuestra petición presupuestaria supera a las partidas recomendadas por la Junta, estamos en abierta comunicación y colaboración para aunar esfuerzos y buscar alternativas”, señaló.
La ponencia de Conte Miller destacó que, aunque el ICF ha recibido la atención de la JSF, “el ajuste salarial que se ha implementado aún se encuentra por debajo de la expectativa de justicia salarial”.
Sin embargo, al mismo tiempo, la doctora Conte Miller reconoció que las partidas de la JSF, que permitieron realizar un ajuste de $650 mensuales a personal científico, “ha sido muy positiva para retener el talento al observar que han mermado las renuncia y se mantiene estabilidad en la plantilla laboral del ICF”.
La ICF informó que la petición ascendente a $25 millones se distribuyen de la siguiente manera: $16,102,000 para nómina y costos relacionados; $4,723,000 para gastos operacionales; $1,823,000 para pagos de utilidades y $2,380,000 para Pay-As-You-Go (Sistema de Retiro).
La responsabilidad principal del ICP recae en la necesidad de retener una plantilla laboral especializada. En comparación con el pasado año fiscal, el Instituto solicitó un aumento de $3.8 millones “para el cumplimiento con el objetivo de proveer justa compensación en nuestros profesionales para promover la estabilidad laboral y la retención del mejor talento, deteniendo el éxodo que tanto nos afecta y que sangra el erario al haberse gastado recursos en adiestramiento y capacitación para entregarlos a otras jurisdicciones de los Estados Unidos”.
“Como parte de la meta de retener nuestro talento, contemplamos continuar con el reclutamiento de 25 puestos adicionales de personal de “front office” a un costo de $1,113,196.20 de salarios y beneficios marginales”, destacó.
El capital humano por reclutar es: tres patólogos forenses, tres químicos, dos técnicos de laboratorio,10 investigadores forenses, cinco auxiliares de sala de autopsia y dos técnicos de control y custodia de evidencia.
En defensa del aumento presupuestario, Conte Miller insistió que reclutar personal sin mejorar las compensaciones “nos produce un círculo vicioso ante la realidad de la fuga de talento”.
La jefa del ICF señaló que su agencia está en proceso de completar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución, realizado por la reconocida firma AON.
A preguntas del presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez, Conte Miller anunció que, a finales del mes de mayo, el ICF contará con un Plan de Clasificación y Retribución competitivo a otras jurisdicciones en Estados Unidos.
“Es evidente que la implantación de ese nuevo Plan de Clasificación y Retribución en el Instituto de Ciencias Forenses constituye la única alternativa disponible para enfrentar el reto de retención de profesionales de difícil reclutamiento y continuar la contratación de personal indispensable para las operaciones. Estamos destinando el remanente aproximado de $2.7 millones para esta iniciativa”, detalló.
Conte Miller añadió que más allá de retener el talento local, el aumento relacionado a los costos de nómina se traducirá “en apoyar la lucha contra el crimen, en la búsqueda de la justicia para las víctimas de delitos”.
Solicitan incremento en varias partidas adicionales
Por otra parte, el ICF explicó aumentos en asignaciones de servicios comprados, servicios profesionales, materiales y suministros, compra de equipo, fondos CAPEX y otros gastos.
En el renglón de servicios comprados, han solicitado un incremento de $550,000. Según el memorial escrito, esta asignación incluye objetos de gastos que nos permiten la contratación de suplidores para los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de equipos y de la planta física de las instalaciones del ICF en San Juan, Ponce y Mayagüez.
Por otro lado, solicitaron un incremento de $250,000 destinados para servicios profesionales. “Esta partida nos permitiría contratar varios asistentes de patólogos a un costo aproximado de $120,000 ante la necesidad imperiosa de servicio debido a la incidencia de crímenes violentos y recurrencia de muertes en situaciones indeterminadas, como ocurre en las cárceles”, indicó Conte Miller.
Sobre los fondos CAPEX de mejoras permanentes, la solicitud presupuestaria considera $1,338,000 para, principalmente, tres proyectos: Adquisición de equipo “CT Scan Post Mortem”, desarrollar el “Network Equipment Refresh Solution” y lograr el “Improvement and Optimization for the Data Storage Capacity”.
A modo de conclusión, Conte Miller señaló “solicitamos que en reconocimiento y deferencia al trascendental trabajo que realizamos para la misión de analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de sociedad, y a la autonomía administrativa y fiscal conferida en nuestra Oficina en virtud y al amparo de las leyes 135-2020 y 50-2022, la asignación presupuestaria se aprobada de forma consolidada”.
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