Asigna $105 millones de fondos ARPA y CDBG-MIT
Con el objetivo de implementar medidas adicionales para mitigar el impacto de la erosión costera en la Isla, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, emitió hoy, a través de la Orden Ejecutiva (OE) 2023-009, una Declaración de Emergencia y ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción puntual con el apoyo de agencias estatales y federales. Además, anunció la asignación $5 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). También, el Departamento de la Vivienda asignará $100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).
“Esta Orden reitera que será la política pública de nuestro gobierno la mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona costanera y todos sus recursos naturales, logrando un balance adecuado entre el desarrollo público y privado de la zona costanera y el manejo y protección de los recursos costeros. Al mismo tiempo, la orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia y sostenibilidad”, dijo Pierluisi quien en el 2021 declaró una emergencia ecológica por la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro y acogió múltiples cursos de acción solicitados al Comité de Expertos de Cambio Climático.
El gobernador anunció que el Comité de Supervisión de Desembolsos separará $5 millones de los saldos disponibles del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). También, el Departamento de la Vivienda asignará $100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT). Sin embargo, el DRNA hará todas las gestiones necesarias para recabar fondos estatales y federales adicionales para la implementación de las iniciativas contenidas en la OE.
En la Orden, con la que busca implementar medidas concretas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, el gobernador declaró y ordenó que los permisos, endosos, consultas o certificaciones relacionados a las medidas autorizadas y ordenadas se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento para situaciones o Eventos de Emergencia firmada en el año 2000. También, según lo dispuesto en la OE-2023-003 en la que declaró la continuidad de la emergencia en la infraestructura por los daños causados por los huracanes Irma, María y Fiona así como por los terremotos de 2020.
Por su parte, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, manifestó que la Declaración de Emergencia “evidencia una vez más el compromiso y proactividad de esta Administración para mitigar las consecuencias del calentamiento global y su preocupación por los recursos naturales. La Orden Ejecutiva no sólo provee una guía de medidas posibles de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para implantar, sino que destina, como nunca antes, los fondos necesarios y establece la política pública específica sobre el problema. También, ordena el manejo interagencial para hacerle frente, así como otra serie de medidas entre las que se destacan la remoción de instalaciones en ruinas y/o abandonadas en la zona costera y un comité que le dará dirección a esas acciones. Estamos complacidos con esta Orden Ejecutiva y con la política pública de identificar el problema y ejecutar su solución”.
Asimismo, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, comentó que “parte de los propósitos de los fondos de recuperación es atender necesidades que puedan agravarse en un futuro. Con esto en mente y siguiendo la política pública por el gobernador es que se hace la inversión estratégica de estos $100 millones de fondos de mitigación para atender una necesidad clara de evitar más pérdidas y daños en las zonas de mayor riesgo, que ya han visto la erosión significativa de sus litorales con cada ciclón o tormenta que ha impactado nuestra Isla”.
Puerto Rico cuenta con cerca de 1,121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica. De esa franja costera, cerca del 37 por ciento son playas y recorre 44 municipios. Además, una investigación realizada por el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aproximadamente 99 kilómetros de línea de costa (“shoreline”) migraron tierra adentro en los pasados años.
A través de la OE, se ordena al DRNA, en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación (JP) y otras entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, así como la academia, a realizar un inventario de las propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera conforme a los recursos fiscales asignados y hasta donde estos sean suficientes. También, el Departamento, mediante un Acuerdo de Entendimiento, deberá junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) evaluar e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para enfrentar la erosión costera y sus efectos.
En conjunto con la AFI, el DRNA, con la asignación de los presupuestos correspondientes, tendrán que evaluar e implementar el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre conforme a la reglamentación aplicable, la adquisición por cualquier vía legal, incluyendo expropiación forzosa de ser necesario, de propiedades no habitadas o abandonadas en la zona costanera y la demolición y remoción de estructuras en ruina o abandonadas, así como escombros y estructuras duras que sean estorbos públicos o que ya no estén cumpliendo con su función de protección o mitigación de riesgo en la zona costanera. También, encaminar programas y medidas para el recogido y manejo del sargazo, la realimentación de playas con arena compatible con cada litoral costero, la restauración de arrecifes de coral, el desarrollo de arrecifes artificiales, entre otros.
Además, se ordena al DRNA —a través de la Oficina del Programa de Manejo de la Zona Costanera y Cambios Climáticos— a desarrollar Acuerdos Colaborativos entre las agencias, entidades federales, municipios, entes privados, organizaciones sin fines de lucro, grupos científicos, comunitarios y otros para identificar medidas adicionales a implementarse para atender la erosión costera. De igual forma, tendrá que actualizar su plan de manejo de zona costanera para atemperarlo a los efectos asociados al cambio climático en Puerto Rico de acuerdo con el marco legal estatal y federal aplicable. Además, deberá desarrollar un nuevo protocolo para el manejo de la erosión costera en Puerto Rico, el cual debe estar basado en los datos e información científica sobre cambios costeros.
En primera instancia, y como principio rector, se implementarán medidas de infraestructura natural y en segunda instancia, medidas de infraestructura híbrida. La tercera opción será el desarrollo de infraestructura dura. Además, las agencias, evaluando la viabilidad fiscal, deberán desarrollar un plan para localizar obras de infraestructura que no sean dependientes o para el disfrute del mar, fuera de la zona costanera.
A su vez, el DRNA tendrá que continuar con la reforestación masiva para reponer los árboles destruidos por los fenómenos atmosféricos que han afectado a Puerto Rico durante los pasados años. La reforestación masiva debe ir dirigida a reducir la sedimentación en los cuerpos de agua y evitar daños adicionales a los arrecifes de coral y cuencas hidrográficas, entre otros. Como parte de esta reforestación se fomentarán los Acuerdos Colaborativos con agencias, municipios y entidades privadas y sin fines de lucro para agilizar y acelerar el proceso de reforestación. De hecho, la agencia ambiental continuará la colaboración, cooperación y coordinación con el Puerto Rico Coastal Study del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el municipio de Rincón y otras zonas de la Isla.
También, se creó Comité de Acción para la Adaptación y Resiliencia ante la Erosión Costera adscrito al DRNA y que será integrado por la secretaria del DRNA, un representante del Comité de Cambio Climático y un representante de La Fortaleza.
Por último, Pierluisi destacó que esta “es una agenda ambiciosa que prioriza la protección de nuestras costas con el principal propósito de proteger vida y propiedad ante los efectos del cambio climático. Es evidente que llevar a cabo estos esfuerzos tomará tiempo y requerirá el firme compromiso de nuestro gobierno y de todo nuestro pueblo de unir voluntades para preservar y restaurar nuestro litoral costero”.
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