La senadora del partido o proyecto Dignidad advierte sobre el futuro en la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los próximos 4 años y por lo tanto, de las implicaciones que tiene en el proceso de configurar el máximo organismo del Poder Judicial, el resultado eleccionario de 2024. Según la senadora y no hay razón para dudarlo, el Tribunal Supremo presentará tres oportunidades de nueva designación por razón del impedimento constitucional que dice que nadie con más de 70 años puede juzgar al prójimo. O sea, y enfatizo la importancia, toda otra designación posible, tendría que ser por otros motivos y no la edad, como, por ejemplo, necesidad económica, problemas de salud, y otros.
La reacción del aparato de comunicaciones oficialista- por no meterme en la cantaleta de que si son portavoces "fotutos" pagados con fondos público, de que, si están o no en la nómina, etc., pus desde que validaron el primer cheque de fondos públicos a los delegados de la “estadidad”, aquí todo se permite- es uno de aleta y advertencia.
En la línea que promueve el portavoz azul en el Senado, la reacción sugiere cuán importante es la oportunidad de designar tres jueces adicionales, y el otro mensaje no expreso: el peligro de que permitas que el denominado movimiento que se apropia la representatividad del conservadorismo, el llamado voto fundamentalista, “conservador ” o “New Christian Right”, teje y maneje la nominación de candidatos a su propio y personal gusto; ejercicio que el portavoz azul insiste puede hacerlo con absoluto derecho – por convicción – y por superioridad numérica, el PNP. Y entonces el aparato comunicador oficial advierte de que esa oportunidad se desvanecería si hubiese una primaria en el PNP. No entiendo si eso fuera porque los disgustados – como en tantas otras ocasiones, enseguida se desafilian y afilian a otros movimientos o partidos, o porque una primaria revelaría que aún dentro del PNP hay una gran lucha ideológica rechazando el empuje fundamentalista que pretende transformar nuestra sociedad democrática en una teocrática: los “Proud Boys” de la estadidad puertorriqueña”.
Hay algo más en todas las advertencias y contra advertencias esgrimidas por los grupos políticos. Ayer se quedó en un “affaire” diplomático que una asociación privada de abogados anunciara en su reunión o asamblea el diseño y disponibilidad de un curso de esos de educación continua, sobre las nuevas reglas éticas que entrarán en vigor próximamente, a pesar de que todavía no hay nada aprobado: reglas para gobernador lo desconocido. La única justificación a tal osadía por parte de la entidad no puede ser otra que el conocimiento pleno de lo que está en el “tintero ético” del Tribunal Supremo. Eso es casi lo mismo que “adelantar” una opinión que todavía está en borrador, como en el caso de aborto en SCOTUS. Y si lo del aborto constitucionalmente era un gran issue, en este caso puede ser peor, pues la realidad es que algunos miembros del Tribunal Supremo están envueltos en la actividad económica de los cursos mandatorios de educación continua. Es decir, como señalé al principio, puede ser que las nuevas reglas arrojen luz sobre posibles fuentes de ingreso adicional para los magistrados del Supremo.
Evidentemente el Tribunal Supremo y la administración de la justicia toman un posicionamiento preferencial en la discusión política electoral del 2024. No deja de provocarme curiosidad, particularmente ante la muerte anunciada de la disparatada propuesta de aumento en sueldos y emolumentos, la reacción de las instituciones jurídicas y políticas sobre el tema.
Siempre puede pasar, como en tantas otras ocasiones, que se pase la página y se cierre el capítulo.
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