San Juan, Puerto Rico- En medio de la crisis que enfrenta el sistema educativo del país, el Frente Amplio de Acción Social (FAAS) denuncia enérgicamente los intentos de municipalizar y privatizar las escuelas públicas, una medida que no solo pone en riesgo el acceso a la educación de calidad, sino que profundiza la crisis por desigualdad que enfrenta nuestro en nuestro archipiélago.
La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador José A. Santiago Rivera (Comerío, PPD), ha evaluado el Proyecto del Senado 89, que propone la creación de la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación”. Este proyecto busca establecer política pública que facultaría a los municipios crear y gestionar escuelas con el apoyo fiscal y administrativo del Ejecutivo. Sin embargo, durante las vistas públicas, surgieron serios cuestionamientos acerca de la viabilidad financiera de esta medida.
El Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, expresó sus reservas con el Proyecto, señalando que el uso de fondos no comprometidos del DE podría no ser suficiente para sostener estas escuelas municipales. A pesar de ello, mostraron disposición a discutir y modificar la medida. Municipios como San Juan, que ya opera algunas escuelas bajo el sistema de Escuelas Alianzas (EPA), han apoyado la propuesta, destacando que les permitiría más herramientas para mejorar la educación. No obstante, algunos sectores han solicitado más tiempo para evaluar los detalles del proyecto.
El Frente Amplio de Acción Social, colectivo multisectorial comunitario e interdisciplinario gestado para evaluar y fiscalizar la política pública, unir esfuerzos comunitarios y profesionales para promover alternativas y soluciones para el País, alerta sobre el impacto negativo que esta medida puede tener en la educación pública.
"Preocupa profundamente que esta medida abra la puerta a una mayor privatización y precarización del sistema educativo público", señaló Janice Soliván Roig, maestra y directora de Casa Juana Colón. Existen precedentes alarmantes en el manejo de escuelas chárter, como la falta de fiscalización de su presupuesto y el impacto negativo de la privatización en comunidades precarizadas. Recientemente, la Legislatura derrotó una medida que proponía una moratoria a la creación de más escuelas chárter, evidenciando la falta de consenso en torno a estos modelos. "La propuesta del senador Santiago Rivera es contrario a lo que necesita nuestro sistema educativo", señaló Alice Pérez Hernández, sicóloga y coordinadora general del FAAS.
Los puntos críticos destacados por la FAAS son:
Mayor politización del sistema: La municipalización podría aumentar la injerencia política en el manejo de las escuelas, agravando problemas existentes en el Departamento de Educación.
Incremento en la desigualdad y precariedad: No todos los municipios cuentan con los mismos recursos. Permitir que administren sus propias escuelas podría aumentar la brecha entre municipios con presupuestos robustos y aquellos con limitaciones económicas, afectando directamente a la niñez de comunidades empobrecidas.
Precarización del sistema educativo: El desembolso de fondos y administración escuelas charter de parte del Estado ha sido ineficiente, lo que podría repetirse ante la municipalización, poniendo en riesgo la estabilidad de los servicios escolares de la educación pública.
Amenaza para la población de Educación Especial: El alto costo de los servicios especializados podría hacer que estas escuelas municipales excluyan a estudiantes con necesidades especiales, profundizando la discriminación en el acceso a la educación.
Segregación y cierre de escuelas: La selección de estudiantes en modelos descentralizados podría limitar el acceso equitativo a la educación, acelerando el cierre de más escuelas públicas y reduciendo la disponibilidad de espacios escolares en comunidades vulneradas.
El derecho humano a una educación pública, accesible y de calidad debe ser garantizado sin distinciones de clase o lugar de residencia. Rechazamos cualquier intento de privatización encubierta, que atente contra el acceso equitativo y bienestar de nuestra niñez y juventud. Exigimos transparencia, participación comunitaria y la implementación de estrategias que fortalezcan la educación pública sin entregarla a intereses privados.
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