Vista Pública refleja burocracia en la atención de casos de Educación y pobre fiscalización de contrato .
Durante el proceso de vistas públicas de la Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el Rep. Jesús Manuel Ortiz, para investigar la eficacia en la respuesta de la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia, hoy salieron a relucir asuntos importantes que requerirán la solicitud de mayor información a la Agencia. Uno de los aspectos principales, está enfocado en las llamadas realizadas a la línea de maltrato por trabajadores sociales o psicólogos escolares y el segundo, en la poca fiscalización del contrato.
A preguntas de Ortiz González sobre el proceso que deben pasar los profesionales escolares ante casos de maltrato, el Dr. Joaquín Fernández Quintero, presidente de Telemedik, expresó que estos funcionarios llaman a la Línea de Maltrato y son los evaluadores de la empresa, los que determinan y asignan la evaluación de la respuesta.
“Cuando Trabajadores Sociales y Psicólogos llaman para reportar un caso de maltrato lo hace como un oficial del estado, por eso no es posible que tengan que pasar por un proceso burocrático en una empresa privada, para luego pasar por otro proceso burocrático en una Agencia de Gobierno para lograr una atención a un evento de maltrato. Por eso es que muchos de ellos optan por llamar a la policía o al 911, aunque no tengan una emergencia”, expresó Ortiz González al tiempo que mencionó que su oficina ha recibido llamadas de trabajadores sociales denunciando el proceso.
Actualmente, un trabajador social escolar o un psicólogo escolar, de querer reportar un caso de maltrato, debe llamar a la Línea de Maltrato, de ahí un evaluador de Telemedik, categoriza el nivel de respuesta (peligro presente, peligro inminente, alegación de maltrato) y lo refiere al Departamento de la Familia para la intervención correspondiente.
“Este es un proceso altamente burocrático que atenta contra el bienestar de nuestros niños. Debe existir un proceso expedito entre el Depto. de la Familia y el Dpto. de Educación para que exista un proceso más efectivo en el reporte, categorización y respuesta de estos casos identificados por profesionales escolares”, añadió.
Otro de los aspectos que llamaron la atención, y que salieron a la luz pública durante la jornada de hoy, fue la pobre fiscalización a la empresa en el número de llamadas abandonadas permitidas en contrato. Una llamada abandonada es una que, por diversas situaciones, no logra la comunicación con alguno de los operadores, ya sea por tiempo en espera, por que se cayó la llamada por señal o por alguna otra circunstancia.
“El contrato vigente establece una fórmula para establecer multas o acciones correctivas, luego de un 5 % de llamadas abandonadas. A preguntas nuestras, la empresa contratada nos confirmó la Agencia, no ha emitido ninguna multa ni realizó ninguna acción correctiva. Esto evidencia que el proceso de fiscalización del Dpto. de la Familia es nulo o inexistente”, añadió el Representante por Acumulación.
“Año tras año, se renuevan contratos, aumentan cuantías, pero los problemas continúan. Sin duda alguna, estaremos requiriendo mayor información al Departamento de la Familia para poder, dentro de la Comisión de Gobierno, trabajar vías para agilizar estos procesos”, finalizó diciendo Ortiz González.
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