La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, celebró hoy, jueves, una vista pública para investigar la legalidad de la construcción de la planta dosificadora de asfalto, DB Asphalt & Recycling, ubicada en Bayamón.
La vista pública inició con la participación de grupos comunitarios que aseguran, que el Municipio de Bayamón actuó ultra vires en la otorgación de un endoso ministerial para el proyecto de asfalto, que pertenece a la empresa Industrial Investments, LLC.
“Somos de la opinión de que el Municipio usó sus facultades de manera excesiva, porque no requirió al proponente, Industrial Investments, LLC, los análisis ambientales necesarios para el tipo de parcela o predio donde éste realizará la actividad industrial pesada”, señaló el portavoz de la Coalición Pro-Salud y Vida de las comunidades Villa España y El Coquí, Pedro J. López Norat.
Asimismo, López Norat añadió que la parcela donde se sitúa la asfaltera tiene tres clasificaciones, que incluyen la clasificación protegida, que le ubica en la zona del Carso. El líder comunitario argumentó que el endoso ministerial ha permitido que se impida el cumplimiento de las leyes federales del Carso, al momento, que no se ha exigido un análisis sobre el impacto de la asfaltera sobre los componentes de roca caliza, el subsuelo y la geología del terreno, los elementos hidrográficos de valor, la flora y la fauna.
“La mera presencia de tres o más componentes mencionados en el suelo, hacen del predio objeto de la actividad industrial pesada parte del Carso restringido, para lo cual rige un límite administrativo por sentencia del Tribunal, en virtud de la Ley para la Protección del Carso, que fue aprobada en el 1999”, indicó.
Por otra parte, López Norat destacó que durante el proceso de aprobación del endoso ministerial el Municipio de Bayamón tampoco requirió al proponente, el análisis del tráfico de entrada y salida con producto terminado “ante el hecho que ésta es un área altamente congestionada, donde se anticipa un alto flujo de camiones que operan con tecnología de propulsión de motores diésel, el cual está probado es un agente carcinógeno de alto riesgo”, mencionó.
“Todas estas omisiones hacen necesario que la evaluación para este caso se lleve a cabo por un ente competente tal como lo es la Junta de Planificación o el Departamento de Recursos y Ambientales, entre otros, y no como ocurrió en este caso”, sostuvo López Norat.
Posteriormente, el representante de la Coalición añadió que el interés de las comunidades que posiblemente se pudieran ver afectadas por la asfaltera “es que la Asamblea Legislativa investigue el proceso de otorgación de permisos a la asfaltera para asegurar que se cumpla con el debido proceso de Ley”.
Durante la vista pública, López Norat estuvo acompañado de líderes de la organización comunitaria Asamblea de Pueblo de Bayamón y la residente del municipio, Ivette Grajales Meléndez.
Municipio de Bayamón identifica qué parte del área desarrollada está en zona cársica protegida
Por su parte, bajo juramento, el director de la Oficina de Ordenamiento Territorial, Planificación y Administración de Fondos Federales del Municipio de Bayamón, Emanuelle Gómez Vélez informó a preguntas del presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres Cruz, que un 26 por ciento de la zona donde sitúa el área desarrollada por la empresa se encuentra en la zona protegida cársica.
Gómez Vélez sostuvo que el área dentro de la zona protegida sería la que yace cerca del mogote Santa Ana.
A su vez, el director de la Oficina, quien es planificador profesional, añadió que el restante 76 por ciento del terreno es clasificado por el plan de ordenamiento territorial como área cársica no restringida.
Más adelante, en un turno de preguntas, los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José B. Márquez Reyes y Mariana Nogales Molinelli, cuestionaron a Gómez Vélez y al director de permiso del Municipio de Bayamón, Luis Vázquez Hernández, quien también participó bajo juramento, sobre la clasificación y calificación del terreno donde ubica el proyecto.
Gómez Vélez explicó que la planta DB Asphalt & Recycling se sitúa en un Distrito Industrial Pesado, donde a su juicio según la jurisprudencia, se permite la construcción y funcionamiento de una asfaltera.
En la vista pública también participó bajo juramento personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Por otra parte, del encuentro legislativo, participaron también los administradores del DB Asphalt & Recycling.
El representante Torres Cruz añadió en un turno sobre la investigación, que en una vista posterior, será citado el Colegio de Médicos, para conocer la opinión de estos profesionales de la salud sobre posibles impactos del proyecto de asfalto sobre la salud de las comunidades aledañas.
También, será citado el Colegio de Químicos de Puerto Rico, para conocer los posibles impactos químicos en la calidad del aire y los recursos naturales al instalar una asfaltera en la zona seleccionada.
Torres Cruz amplió que actualmente, el estatus de la asfaltera de Bayamón, es que el municipio le otorgó los permisos para construir, pero aún queda el proceso de otorgación de permisos de diversas agencias para el asunto de la operación.
“Desde esta Comisión estamos investigando a profundidad el proceso legal que se ha llevado a cabo para la otorgación de todos los permisos para la construcción y manejo de esta asfaltera en Bayamón. Es por eso que hemos titulado esta investigación “Construcción de Planta Dosificadora de Asfalto en Bayamón, ¿Legal o no Legal?””, señaló Torres Cruz, legislador independiente.
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