La Comisión Nombramientos evaluó hoy la designación del licenciado Alexander Adams Vega como Comisionado de Seguros de Puerto Rico, quien sostuvo tiene como uno de sus objetivos restablecer la acreditación de la Oficina ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).
“Adquirí mi conocimiento en las regulaciones y la industria de seguros a nivel público en la Oficina del Comisionado de Seguros, por lo que no tengo ataduras con ninguna entidad, grupo ni compañía. Esto me permitirá regular y fiscalizar adecuadamente a esta importante industria objetivamente. Es por esto, que me someto ante ustedes, entendiendo que mi hoja de trabajo de sobre 11 años en la Oficina del Comisionado de Seguros me cualifican para la posición que honradamente acepté, tras la nominación por el señor Gobernador”, destacó Adams a la Comisión.
La senadora Marially González Huertas, quien fungió como presidenta incidental de la Comisión, preguntó al deponente sobre la pérdida de acreditación de la agencia y cómo explica lo que pretendía la transacción. Adams, como parte de su respuesta, indicó que “ciertamente al final del día la situación ocurrida al asegurador Time Insurance, fue una incompatibilidad de regulación. La oficina del Comisionado de Seguros en ese entonces tomó medidas correctivas sobre la falta de contabilidad en el marco regulatorio como operan estas entidades en el Centro Internacional de Seguros y aseguradoras regulares”.
Asimismo, el deponente explicó que “como parte de la transacción de la aseguradora Time Insurance Company, se tomó la decisión de no suscribir pólizas nuevas y manejarlas dentro del Centro Internacional de Seguros como estrategia de negocios…estamos hablando de una transacción de $2.7 billones y levantó una serie de interrogantes donde ese asegurador tenía ese operador de negocios…las preguntas eran múltiples al punto que la NAIC tuvo que intervenir. Adams aseguró que dicha aseguradora que llegó al país en el 2018 al presente ya no está en Puerto Rico”.
Por su parte, el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, preguntó cuáles son las consecuencias si no se logra la acreditación con la NAIC. El deponente manifestó que son mayores garantías de confiabilidad, que se puede confiar en que se regulan las operaciones de negocios y las solvencias financieras de las compañías de seguros, lo que abre las puertas a las aseguradoras para hacer negocios en Estados Unidos.
Asimismo, Ruíz preguntó cuántas compañías se fueron a quiebra por los eventos recientes en el país. El deponente indicó que fueron dos compañías; Regal Assurance con 1,422 reclamaciones abiertas y se han pagado $31 millones e Integrand Assurance con 7,391 reclamaciones abiertas y se han pagado $1.3 millones.
De otro lado, la también vicepresidenta del Senado, González Huertas, preguntó cuál será la labor como Comisionado ante la negativa en muchas ocasiones de las aseguradoras para que los pacientes reciban los tratamientos que requieren. “La negativa es un problema histórico que se enfrenta. Una de las iniciativas a desarrollar es establecer un ente externo e independiente que revise esas denegatorias de servicios médicos. Para garantizar que las determinaciones no recaigan en el asegurador y sea el ente externo quien tome la determinación”, dijo.
González cuestionó al designado sobre el alza en las pólizas de seguros. Adams mencionó que la oficina tiene un rol fiscalizador de las tarifas. “Nuestra misión es garantizar que esas tarifas sean adecuadas. Una de las formas es a base de los análisis actuariales. Nuestra agencia tiene el apoyo de una agencia externa que se dedica en ese análisis que le dará apoyo a la agencia en el área de las tarifas. En términos de las primas hay diferentes factores que inciden en los costos”, sostuvo.
A preguntas de la Senadora sobre las reclamaciones en el sur como consecuencia de los terremotos, el deponente señaló que fueron 24,116 reclamaciones y están pendientes alrededor de 300. “Nuestra oficina está dirigida a encaminar que podamos intervenir en los municipios del área Sur para servir de enlace y facilitadores con los alcaldes”, dijo Adams, quien añadió que los pagos ascienden a $311 millones y se han atendido el 98.8 por ciento de las reclamaciones.
Sobre las reclamaciones luego del paso del Huracán María, Adams indicó que, según las cifras reportadas a la Oficina del Comisionado de Seguros, un total de 303,069 reclamaciones fueron presentadas ante las distintas compañías de seguros a consecuencia del huracán María, de las cuales 300,582 (99.2 por ciento) de las reclamaciones habían sido resueltas, quedando pendientes aún de resolver 2,487 reclamaciones al cierre de 2021.
El designado añadió que “las pérdidas pagadas por las reclamaciones del huracán María totalizaron unos $7.1 mil millones de dólares al cierre de 2021, pero aún falta más por hacer para garantizar la resolución del 100 por ciento de las reclamaciones. Una porción de las reclamaciones aún pendientes de resolver se encuentra en litigios en los tribunales o en la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos relacionadas a los aseguradores en insolvencia Real Legacy e Integrand Assurance”.
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