La Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Domingo J. Torres García atendió hoy una medida que investiga las guías y cumplimiento de los casos de acoso laboral de parte del gobierno de Puerto Rico.
Se trata de la Resolución de la Cámara 819, que busca investigar la implementación y cumplimiento con la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico (Ley 90-2020).
La medida, además, analiza la eficacia de la Ley 90-2020, la difusión, asesoramiento y las funciones intrínsecas delegadas a las agencias y patronos; y revisar las guías uniformes para la adopción e implementación de los protocolos que los patronos debieron adoptar para el manejo de querellas en el lugar de trabajo.
A la audiencia pública compareció Evangelina Valentín Ferrer de la Oficina de Administración de los Tribunales, quien destacó que solo han recibido un total de 29 solicitudes de servicio bajo la ley 90-2020.
“A esos 25 casos se les ofreció orientación a una o ambas partes. De los casos orientados, 18 fueron aceptados para el proceso de mediación, seis de ellos concluyeron el proceso de mediación, pero no llegaron a un acuerdo y solo uno concluyó la mediación con acuerdo”, sostuvo la funcionaria.
“No tenemos los datos estadísticos a nivel central. Aunque para efectos de esta vista pública, pudimos recopilar datos a través del formulario que se usa cuando hay casos de esta ley”, apuntó.
Ante esto, el presidente de la Comisión reiteró su preocupación ante la falta de una data empírica respecto a los casos de acoso laboral, por lo cual solicitó a la deponente una certificación que indique los casos que han sido manejados como se establece en la ley.
Respecto al manejo de conflictos en específico, Valentín Ferrer apuntó que los casos se manejan según el reglamento de métodos alternos para la solución de conflictos. “Es el mismo procedimiento para todos los casos que llegan a los Centros de Mediación de Conflictos”.
“Específicamente, para casos de la Ley 90, no hay un reglamento. Es el mismo procedimiento para casos que llegan a los Centros de Mediación”, aseveró.
Ante la falta de cumplimiento de parte de las entidades gubernamentales, el representante popular, Torres García expresó la importancia de mantener al día los sistemas de información. “Es prioridad mantener al día los sistemas de información porque nos sirve como instrumento para la divulgación, planificación, dirección, operación y evaluación de la actividad judicial administrativa. Es importante mantener la información al día para temas tan sensitivos que son la orden del día en estos últimos tiempos”.
Por su parte, el subdirector de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Gustavo Cartagena enfatizó que la agencia gubernamental, en conjunto con la Universidad de Puerto Rico (UPR), establecieron una alianza dirigida a aunar esfuerzos para profesionalizar a los empleados públicos y lograr la transformación del gobierno.
De un total de 110 mil empleados públicos que hay en el gobierno de Puerto Rico, Cartagena expresó que han ofrecido alrededor de 47 adiestramientos relacionados al tema de acoso laboral, para un total de matrícula de 1,521 empleados y se han ofrecido cinco adiestramientos en los municipios con la participación de 592 empleados.
A su vez, el funcionario mencionó que cada agencia asigna un coordinador y tramitan. Sin embargo, Cartagena admitió en la vista pública que la OATHR no tiene constancia si las guías se están implementando en las agencias o si los coordinadores se nombraron.
“La responsabilidad de nosotros es establecer las guías, las cuales se encuentran en nuestro portal. Ahora, las agencias pueden adoptar sus propias guías”, apuntó Cartagena, quien aseguró que la OATRH está en cumplimiento con la ley.
Al concluir, el legislador Torres García se comprometió a enmendar la ley. “Voy a enmendar la ley. Aquí no puede haber una rienda suelta de que haya una guía emitida por la OATRH y le digamos a la agencia que puede modificar las mismas”.
“Tenemos que tener estadísticas, información de si verdaderamente los coordinadores están presentes o no. Este es un tema que es de conocimiento público y que es la orden del día”, puntualizó.
Reclaman justicia para víctimas de acoso laboral
La doctora Waleska Torres Gutiérrez, autora de la medida, reclamó justicia con el fin de atender casos de acoso laboral en empresas privadas o agencias de gobierno.
“El acoso laboral se ha convertido en un problema de salud muy fuerte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los países que atienden con seriedad este asunto, están desarrollando culturas de paz y el desarrollo de trabajo en equipo, atendiendo las necesidades del individuo”, planteó Torres Gutiérrez.
“Necesitamos buscar alternativas para que los empleados puedan trabajar en paz e implantar la Ley 90-2020, que protege al empleado contra el acoso en el entorno laboral. Además, es meritorio que se lleven a cabo campañas de orientación para la prevención de este tipo de asunto a nivel isla”, añadió la galena, quien reclamó justicia a las víctimas de acoso laboral que sufren en silencio.
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