Ante tanta corrupción gubernamental y política, no podemos reaccionar con indiferencia. Callar sería un acto de complicidad o de complacencia. Nos corresponde denunciar y combatir todo tipo de corrupción. Además, presentar medidas para continuar combatiendo hacia el futuro.
Cuando un ciudadano ejerce su derecho al voto está brindando la confianza a otro ciudadano para que lo represente en la legislatura o dirija los destinos de nuestro país o nuestros municipios. Estos exfuncionarios: Félix “Cano” Delgado, Eduardo Cintrón, Reynaldo Vargas, Javier García, Luis Arroyo Chiqués, José Luis Cruz, Ángel Pérez, Tata Charbonier, Néstor Alonso, Nelson del Valle, Wanda Vázquez entre otros, violaron un sacramento de la democracia, la confianza y todos tienen una palabra en común la “corrupción”.
La corrupción aparece tanto en la función pública como en la privada y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones: La extorsión al amparo de altos cargos en la función pública o privada, para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. La falsificación de las adjudicaciones públicas, con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso. La falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un empleado o funcionario vea un acto ilícito y no lo denuncie o advierta.
Hoy, la candidata por la presidencia del PPD, Carmen Maldonado González presenta una serie de propuestas contra la corrupción para que todos los puertorriqueños y toda persona con derecho al voto en Puerto Rico conozca su compromiso con cada uno de ellos. El Partido Popular, como institución tiene un deber moral con Puerto Rico de enfrentar la corrupción venga de donde venga. Inevitablemente, luego de los dos cuatrienios más corruptos de la historia política de Puerto Rico, la lucha contra la corrupción será el principal tema que hará a los puertorriqueños acudir a votar.
El país no puede continuar asociando “política” con la palabra “corrupción”. Durante los pasados 6 años, la Fiscalía Federal y el FBI han ido haciendo públicos los esquemas de corrupción pública y política más escandalosos, probablemente de toda nuestra historia. Además, es obvio que existen múltiples investigaciones en curso. El Departamento de Justicia y las demás instituciones de justicia no pueden continuar actuando como si nada estuviera pasando. Un Pueblo que no puede confiar en su sistema de Justicia, lo ha perdido todo. Sin Justicia no puede haber vida plena, prosperidad, ni felicidad.
El Juicio criminal federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, obviamente nos ha demostrado que esto es mucho más grande que este caso. De la prueba presentada por la fiscalía federal en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, no nos sorprendería que los puertorriqueños se pregunten ¿Si existe una mafia institucionalizada en parte del liderato del PNP?
Según la prueba del caso, 24 Alcaldes del PNP escogieron a Ángel Pérez como Presidente de la Federación de Alcaldes, luego que Oscar Santamaría interviniera con ellos por petición del Cano Delgado. ¿Sería bueno que los Alcaldes que votaron por Pérez informen si esto en efecto ocurrió y qué les ofreció Santamaría?
¿Acaso alguien del PNP ha salido a desmentir esos testimonios y argumentos del Juicio? “Yo emplazo tanto, a Pedro Pierluisi como a Jennifer González a dar sus versiones sobre las supuestas reuniones con Santamaría, qué les ofreció, qué les donó y qué contratos le dieron si alguno”, indicó la aspirante a la presidencia por el PPD.
“Puerto Rico necesita que los puertorriqueños volvamos a creer y confiar en su Departamento de Justicia y en sus instituciones gubernamentales. Junto a mi grupo de trabajo, hemos comenzado a estudiar y analizar los problemas de corrupción que nos arropa. El Pueblo de Puerto Rico necesita de un Gobierno limpio, que les devuelva la esperanza de creer y confiar nuevamente en sus instituciones de Gobierno y de Justicia. Quiero, en un futuro cercano, que cuando las personas piensen en la palabra “política”, piensen en seguridad y en un mejor futuro”, expresó Carmen Maldonado.
La Evolución Popular que proponemos para la transformación de nuestro partido y del país está basada en cinco ejes para lograr una verdadera evolución. Para combatir la corrupción articulamos las propuestas alrededor de los objetivos que conforman una Agenda Puertorriqueña Anticorrupción en la que puedan participar el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto: crear una cultura y un ambiente de no tolerancia a la corrupción y al inversionismo político; y atacar la corrupción pública y privada.
Alguna de las acciones para lograr los objetivos son:
Implantaremos política pública sobre el derecho constitucional al acceso continuo de información, documentación y Gobierno Abierto, que incluya, pero no se limite a: la creación de una ley, en coordinación con la sociedad civil, para hacer efectivo ese derecho mediante el establecimiento de políticas, reglas y procesos en todas las ramas de Gobierno que propendan al más amplio acceso a la información pública.
El Partido Popular Democrático tiene la responsabilidad de lograr que el Departamento de Justicia vuelva a tener el prestigio ante los puertorriqueños que algún día tuvo. Todo el País conoce lo mucho que ha sufrido el prestigio del Departamento de Justicia durante los últimos años. No tenemos que recontar los eventos. Solo hemos de recordar que tenemos una Exsecretaria de Justicia y Exgobernadora del PNP acusada en el Tribunal federal y a un Gobernador incumbente que, cuanto menos, ha ignorado toda la corrupción bajo su incumbencia.
Estableceremos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano articulado y basado en siete (7) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción; Racionalización de Trámites; Rendición de cuentas; Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; Participación Ciudadana; y Gobernanza.
Desarrollaremos medidas de gobierno que permitan identificar y castigar la corrupción en el sector privado que afecte al Estado y constituya o genere inversionismo político.
Se aprobará legislación para que no se permitan donativos en efectivo para las campañas políticas de $150.00 o más. Solo se permitirán donativos en exceso de dicha cantidad en cheque o giro bancario.
Desarrollaremos un currículo para servidores y gerentes públicos en transparencia, ética, honestidad y asuntos fiscales, entre otros; y fortaleceremos los programas de prevención ofreciendo talleres en forma continua y permanente.
Estableceremos requisitos para que el personal de confianza de agencias con funciones reguladoras y los miembros de un Comité de Ética en una entidad gubernamental tengan prohibido participar en actividades políticas durante y fuera de hora laborables.
Con la colaboración de distintos sectores del país, reestructuraremos la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente, creando un nuevo organismo con mayores poderes para combatir la corrupción, denominado el “Tribunal de Ética Gubernamental”, el cual tendrá por objeto "regular y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y los Municipios, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas. Los miembros de dicho Tribunal no podrán haber sido personas activas de partidos políticos o participado en actividades políticas o candidaturas durante los pasados cinco (5) años, previo a su nombramiento. Sus determinaciones podrán ser revisadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Estableceremos un marco reglamentario de estricto cumplimiento para la fiscalización que adjudique responsabilidad y formule cargos a quien limite el acceso a la información y realizaremos una evaluación total del andamiaje gubernamental que atiende la corrupción en Puerto Rico.
Daremos mayores poderes a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que pueda imponer multas y acudir directamente al Tribunal de Ética Gubernamental para radicar cargos por actos de corrupción e incumplimiento de requerimientos.
Todo contratista privado vendrá obligado a tomar seis (6) horas en ética gubernamental para poder cobrar el último pago durante la vigencia del contrato.
Garantizar la protección laboral, asistencia judicial y la no imposición de condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización de denuncias contra la corrupción y protección del denunciante.
Los miembros de las Juntas de Subasta no podrán participar en actividades políticas durante y fuera de horas laborables.
Las Juntas de Subasta serán presidida por un representante del interés público.
El Director de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto no podrán participar en actividades Políticas en y fuera de horas laborables, como una de las medidas para garantizar el mérito como principio rector en el Servicio Público.
Los Directores de Recursos Humanos, Compras y Finanzas de agencias y municipios no podrán participar en actividades políticas durante y fuera de horas laborables.
Se legislará para que a todo candidato a puesto electivo por cualquier partido político se le requiera como requisito previo para su certificación tomar seis (6) horas de educación en ética en la Oficina de Ética Gubernamental o su sucesora.
Se aprobará legislación para que los jefes de agencias, alcaldes, autoridades nominadoras y personal de confianza en las ramas de gobierno y municipios tomen 6 horas en cursos de temas anticorrupción cada 6 meses.
El Partido Popular deberá legislar para que el gobernador y alcaldes electos sean hasta un máximo de tres términos de cuatro años.
“En mi equipo de trabajo, todos tenemos el compromiso de estudiar, analizar y promover que la gente entienda que las elecciones generales no otorgan un permiso para realizar actos corruptos durante cuatro años. La corrupción pública se combate, inicialmente, en el colegio electoral, votando con dignidad y conciencia, tanto en primarias como en elecciones generales. Pero no basta ahí. Luego tenemos que fiscalizar y exigirles a los políticos que no comentan actos de corrupción los que, al final, violan nuestro respeto y dignidad”, concluyó Carmen Maldonado González, candidata a la presidencia del PPD.
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