Presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes afirma que demora en entrega de diplomas perjudica a los recién graduados durante el proceso de ingresar a universidades o búsqueda de empleo.
La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, anunció la aprobación de una medida con el propósito de agilizar la entrega de diplomas a los estudiantes que se gradúan de cuarto año, asegurando que actualmente las constantes demoras afectan negativamente los procesos y gestiones de los jóvenes durante la transición a las universidades, o incluso la búsqueda de empleo.
El Proyecto de la Cámara 1411 enmienda la Ley 85-2018 de la “Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de incluir entre los deberes y responsabilidades del Superintendente de cada Oficina Regional Educativa la garantía de entrega del diploma oficial de duodécimo grado, a todo graduado durante los actos oficiales de colación de grado.
“Es de conocimiento general que el Departamento de Educación, en ocasiones, dilata el proceso de entrega de los diplomas de cuarto año, retrasando los planes y trámites que los recién graduados tienen que realizar para poder continuar sus estudios o búsqueda de empleo. Este atraso, en gran medida se debe a que el proceso de impresión y entrega es uno lento, y depende considerablemente en lo proactivo que puedan ser los Superintendentes Regionales para la contratación de una imprenta que efectué los diplomas de tal Región Educativa”, resalta Soto Arroyo en la medida.
“La demora en la entrega de los diplomas de cuarto año es tan perjudicial, ya que es la garantía que tienen las instituciones académicas universitarias y técnicas para validar que el recién graduado ha podido culminar sus estudios con éxito. No procurar o promover que la entrega del diploma sea oportuna, es un acto de dejadez por parte del Departamento sobre un estudiante que estuvo al amparo del sistema educativo por los últimos doce (12) años”, añadió Soto Arroyo.
“Es menester reconocer y establecer las bases administrativas necesarias con el propósito de que el Departamento de Educación de Puerto Rico, por su complejo proceso administrativo y burocrático, no sea obstáculo para que los recién graduados de la escuela superior gestionen sus estudios universitarios, técnicos, en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, así como aquellos que se insertan en la corriente laboral y cuyo requisito para lo que pretenden desempeñar, es el diploma de cuarto año.”, concluyó la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes.
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